Diversas asociaciones de usuarios de internet han hecho llegar a los grupos parlamentarios una serie de demandas para que introduzcan en el trámite parlamentario de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) una enmienda que pase a considerar a la banda ancha como servicio universal, de forma que la prestación de estos servicios pase de ser “un negocio a un derecho ciudadano”.

Estas asociaciones, consideran a las entidades públicas como actores fundamentales a la hora de ofrecer servicios de acceso a la Red.

En concreto, sus propuestas de reforma afectan a la disposición adicional segunda, que modifican para exigir al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, “que impulse la extensión de la banda ancha para conseguir, antes del 31 de diciembre de 2007, una cobertura de servicio universal”.

Así, reclaman que la banda ancha se extienda a todos los ciudadanos, “independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y a precios razonables”.